El día de ayer falleció León Smith, niño de 4 años que llevaba meses como primero en la lista de espera de un trasplante cardiaco.

Esta muerte vuelve a abrir en Chile el debate sobre la donación de órganos, y nuevamente se hace un llamado a que la gente manifieste su voluntad de hacerlo. Pero… ¿ha servido de algo?

Chile en cifras

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Desde una perspectiva general, en nuestro país  la situación es paupérrima. Mientras el año 2013 en Chile donaban 6 personas por cada millón de habitantes, en España lo hacían 47.
Las estadísticas se mantienen estancadas desde hace casi ya veinte años. Esto, a pesar de los esfuerzos del gobierno (limitados, pero existentes) de concientizar sobre la importancia de declararse donante. A pesar de la mediatización de casos emblemáticos, manifestación desesperada, con la esperanza de que al menos la emotividad convenza a algún potencial donante. Nada parece tener impactos realmente significativos.

No encontré números actuales de parte del MINSAL, sin embargo, en junio del año pasado, la titular de la cartera afirmaba que eran 1.300 los órganos que se encontraban en lista de espera. Un cálculo rápido (que de por sí sobreestima el resultado) evidencia que estamos cubriendo menos del 10% de ellos.

La situación en el campo pediátrico es peor aún.  Mientras la mortalidad infantil sigue disminuyendo, la natalidad la acompaña en forma paralela. No es difícil deslumbrar el resultado.

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El trabajo de desmitificar las ideas erróneamente concebidas, que asustan a parte de la población, ya se ha hecho. Quiero entonces enfocarme en cual es -a mi juicio- el gran responsable de todo este problema.

La ley actual

La Ley Nº 19.451 establece normas sobre trasplante y donación de órganos.
En esta se explicita lo siguiente:

En caso de existir duda fundada respecto de la calidad de donante, se deberá consultar en forma previa sobre la extracción de uno o más órganos del fallecido, por orden de relación, a las siguientes personas”.

Quiero pedirles que se detengan aquí un momento. Hagamos el siguiente ejercicio: Imaginen quienes creen ustedes que debería estar en tal lista de consultados. Cuando lo hayan pensado sigan leyendo.

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¿Listo?, veamos qué respuesta encontramos en la ley:

a)   El cónyuge que vivía con el fallecido o la persona que convivía con él en relación de tipo conyugal.
b)   Cualquiera de los hijos mayores de 18 años.
c)   Cualquiera de los padres.
d)   El representante legal, el tutor o el curador.
e)   Cualquiera de los hermanos mayores de 18 años.
f)   Cualquiera de los nietos mayores de 18 años.
g)   Cualquiera de los abuelos.
h)   Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado inclusive.
i)   Cualquier pariente por afinidad hasta el segundo grado inclusive.”

Dudo que se hayan imaginado una lista de tal magnitud. Es interesante ver cuán lejos fueron los legisladores al deliberar quienes podrían tener potestad en el asunto.
Pero ignoremos esto, podríamos intentar encontrarle sentido al asunto, considerando que el artículo habla de “En caso de existir duda FUNDADA” ¿no?

Entonces, antes de seguir, quiero pedirles que repitamos el ejercicio. Tomen un par de minutos para intentar imaginar. Usted señor legislador, ¿qué le parece razonable como para decir que una duda es FUNDADA?

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¿Terminaste? Pues nos volvemos a sorprender al ver lo que dice literalmente:

“Se entenderá por duda fundada el hecho de presentar ante el médico encargado del procedimiento documentos contradictorios o la existencia de declaraciones diferentes de las personas enunciadas en el inciso anterior.”

Es decir, en la práctica, lo que haya dicho el actual difunto no tiene relevancia alguna a la hora de decidir que se hará con el cuerpo. Basta con que una persona (cualquiera de la extensa lista) presente una declaración contraria para que no se lleve a cabo el procedimiento.

El verdadero enemigo

Este es el gran problema. La legislación actual permite la omisión de la voluntad de la persona, y entrega un poder a familiares que, en la situación de crisis en que se encuentran, no están realmente capacitados para hacerse cargo de él.

Entenderemos todos lo difícil que es para la psiquis humana el no aferrarse al cuerpo de ese ser que tanto quisimos. De ese ser que, según nos acaban de informar, ha dejado este mundo. Entenderemos también que el cuerpo de un donante requiere de cuidados especiales para ser viable para trasplante, y que estos deben ser entregados en un tiempo sensible luego del fallecimiento. La contradicción entre la intención de la ley y lo que permite, da un resultado muy poco próspero para nuestro objetivo final. Sin embargo, en los medios nadie habla de ello.

Pero quiero ir más allá. La voluntad de “no donar” tiene como sustento dos simples razones: la ignorancia y el extremismo religioso (lo cual es bastante parecido a la primera). Me resulta tremendamente difícil comprender entonces que le demos tanta validez a una decisión hecha por alguien que ya no está, sobre algo que ya no posee, por una razón que no se justifica. Todo esto mientras miles de personas, que si están vivas, siguen sufriendo y rogando por un órgano que les dé una segunda oportunidad.

A pesar de que existe un tema educativo que no puedo negar, bajo mi perspectiva este se vuelve irrelevante considerando todas las razones anteriormente expuestas. La donación nunca debió ir entre signos de interrogación en primer lugar. Esta es una de las pocas cosas en que un gesto de bondad no tiene repercusión negativa alguna, salvo la amargura de un caprichoso desinformado. Es hora de que el estado sea coherente con sus declaraciones y solucione el tema de una vez por todas. No podemos permitirnos, en nombre de la autonomía extrema, el negar la única decisión cuerda: la donación obligatoria.

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