Control de identidad preventivo

La llamada “Agenda Corta Anti-Delincuencia” fue votada en su totalidad en el senado el día 5 de abril, por lo que este lunes comenzaba el trámite legislativo en la cámara de diputados. El tema de la delincuencia es arduo y de muchas aristas, pero hay un punto de este proyecto en particular que ha generado grandes divisiones en la esfera de la opinión pública, y me refiero al “Control de identidad preventivo”.

La discusión en forma simple se remite a si vulnera o no derechos fundamentales de los ciudadanos. Incluso la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha mostrado su preocupación al respecto.

Para mí, sin ser abogado, el análisis solo se puede remitir a cada una de las facultades que estas indicaciones le darían a carabineros, y como estas podrían vulnerar esos derechos, por lo que pasaré a resumirlas.

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Históricamente, luego de la derogación de la detención por sospecha el año 88, se creó el actualmente vigente sistema de “Control de identidad”. El artículo 85 del código procesal penal afirma que la policía podrá “sin orden previa de los fiscales, solicitar la identificación de cualquier persona en los casos fundados, en que, según las circunstancias, estimaren que existen indicios de que ella hubiere cometido o intentado cometer un crimen, simple delito o falta; de que se dispusiere a cometerlo; de que pudiere suministrar informaciones útiles para la indagación de un crimen, simple delito o falta; o en el caso de la persona que se encapuche o emboce para ocultar, dificultar o disimular su identidad”, afirmando que “La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encontrare, por medio de documentos de identificación expedidos por la autoridad pública, como cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte (…) En caso de negativa de una persona a acreditar su identidad, o si habiendo recibido las facilidades del caso no le fuere posible hacerlo, la policía la conducirá a la unidad policial más cercana para fines de identificación”, este “no deberá extenderse por un plazo superior a ocho horas, transcurridas las cuales la persona que ha estado sujeta a ellos deberá ser puesta en libertad”.

En resumidas cuentas, incluso el actual sistema conlleva el argumento subjetivo de cuándo se encuentra realmente “fundado” el caso para realizar el control de identidad. Existe un artículo aparte destinado a castigar abusos, pero cabe mencionar que no se limita al control de identidad y por lo tanto no sería reemplazado u omitido en una nueva legislación. Este, el artículo N°255 dice que “El empleado público que, desempeñando un acto del servicio, cometiere cualquier vejación injusta contra las personas o usare de apremios ilegítimos o innecesarios para el desempeño del servicio respectivo, será castigado con las penas de suspensión del empleo en cualquiera de sus grados y multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.

Por su parte, la propuesta de “Control preventivo de identidad” continúa siendo que la identificación se realizará en el mismo lugar en que se encuentre, aún será necesario sólo un documento legal, como el carnet de identidad, para así acreditarla. Los funcionarios deberán exhibir su placa e identificarse, y en caso de que el controlado no se idintifique, podrá ser conducido (al igual que antes) al recinto policial más cercano, NUNCA en calidad de detenido, por lo que no podrá ser esposado ni encerrado en un calabozo; y a diferencia del actual, acorta a 4 horas el periodo máximo de retención de la persona. Básicamente, la diferencia radica en que ya no será necesario el que el individuo sea sorprendido in fraganti en un delito, o que necesariamente se le esté involucrando con uno de antemano.

El cambio, en si, no es de gran envergadura. Como reacción negativa a este proyecto he escuchado a muchos haciendo una analogía con la antigua “detención por sospecha”, de la cual si se constan abusos cometidos durante la dictadura militar.  Pero no termina siendo más que una apelación a lo emotivo, ya que lo que se propone es distinto. ¿Cuál derecho es el que se está viendo vulnerado? Esa es la pregunta que habría que responder. ¿Acaso el derecho a pasearme por la calle sin algún medio de identificación? Porque llevar uno sería suficiente para no terminar en la comisaría (salvo que tengas alguna orden de detención loca dando vueltas por ahí). Incluso el proyecto menciona que “El funcionario policial deberá otorgar a la persona las facilidades para identificarse” y habrá un procedimiento estandarizado de reclamo. El andar con mi carnet en el bolsillo o la billetera (cosa que a todo esto, ya deberías estar haciendo), junto con perder 2 minutos de mi tiempo de cuando en vez, no me parece un precio alto a pagar por el encontrar a algún que otro prófugo de la justicia dando vueltas, por pocos que sean.

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Entonces parece que el punto de la vulneración a los derechos es otro, y lo que si creo más debatible es el si será este un recurso discriminatorio o no. Se indica en el proyecto que “se deberá respetar la igualdad de trato y no discriminación arbitraria. Está prohibido el ejercicio del control de identidad cuando se funde en los motivos indicados en el artículo 2 de la Ley 20.609 “, que corresponde a la ley anti-discriminación. Pero no parece suficiente, es absolutamente entendible que esto no deje tranquilo a todo el mundo, nuevamente queda al criterio subjetivo el cuando será un acto de este tipo o no.

Sin embargo, respecto a la discriminación,  creo que aquí hay un problema de fondo que se está omitiendo, y quizás se está lanzando la caballería contra el enemigo equivocado.

Para entender a lo que voy hay que reconocer dos cosas. En primer lugar, que en Chile existe algo horrible pero cierto, y es que el estatus socioeconómico está íntimamente ligado al origen racial. Por la historia de nuestro país, resulta que las oligarquías y aristocracias siempre se han sustentado en “próceres” extranjeros, mientras que los estratos más bajos se fueron conformando en la práctica por nativos americanos, es decir en nuestro caso, principalmente por mapuches. Lo que es una expresión más de la inmovilidad social existente en nuestro país, y es que de lo contrario hace bastante tiempo que ya no podríamos diferenciar con facilidad entre un estrato y el otro.

El segundo punto es que las condiciones que llevan a que un individuo cometa un delito, están determinadas en gran parte por su contexto, y por tanto tienen un fuerte contribuyente socioeconómico, que lleva a que en todas partes del mundo la incidencia de delitos sea tanto más común en estos sectores, como sean también más perpetradores pertenecientes al mismo.

Es al unir esos dos puntos, en que se vuelve difícil la cosa. Al realizar un control de identidad, es más probable que me encuentre con un delincuente si utilizo criterios de tipo racial para seleccionar a los candidatos. Es ese trasfondo que motiva esa estadística el que sería entonces  fuente de discriminación, no la legislación en si. Las preguntas que nos tenemos que hacer entonces son otras.

Entendiendo el nexo entre ambos hechos, y reconociendo la validez estadística existente, ¿es discriminatorio el que se controlen más personas por un cluster de características físicas?, ¿Nos vemos impedidos entonces de aplicar un sistema así por desigualdades en nuestra estructura económica?, ¿Sería más importante reivindicar esa injusticia haciendo absolutamente aleatorio el sistema de selección de control, a costa de disminuir la efectividad del mismo?. Y dar esas respuestas es la tarea difícil, y es el punto mismo en que de deberían centrar nuestras discusiones. Yo no poseo la verdad ante estas interrogantes, pero tengo una opinión formada, ¿Y tú, qué opinas al respecto?.

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